Apropiación Social del Conocimiento / APS en distintos contextos socioculturales / Experiencias

Caso Chocó

CASO CHOCÓ – COCOMACIA: REFERENTE CONTEXTUAL[1]

REGLAMENTOS INTERNOS, GOBIERNO Y DERECHO PROPIO

¿Cómo se apropia el reglamento interno como instrumento de gobierno y

de control territorial de la GAP?

Introducción

El “Caso Chocó – COCOMACIA” hace referencia al estudio circunscrito al territorio colectivo de la jurisdicción del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato – COCOMACIA, organización de carácter étnico – territorial, y la apropiación social del conocimiento en torno a la aplicación de los reglamentos internos como mecanismo de gobierno y derecho propio para la gestión territorial.

Las fuentes secundarias utilizadas corresponden a información existente en el archivo documental de Ecofondo, resultado de los proyectos cofinanciados a COCOMACIA en el marco de la gestión ambiental participativa, y, las fuentes primarias a las voces de los involucrados.

El texto pretende ilustrar, de una parte, sobre el contexto organizativo en que se desarrolla la experiencia, a través de una retrospectiva de lo que ha sido el proceso de fortalecimiento organizativo de COCOMACIA, y, de otra, sobre los reglamentos internos, su origen, su estructura normativa, sus competencias, su armonización con la justicia ordinaria y los factores que inciden en su aplicación. Su alcance es de carácter descriptivo a manera de insumo para la comprensión del contexto político – organizativo, así como para el análisis de la aplicabilidad de los reglamentos internos en el ámbito de jurisdicción de COCOMACIA.

Organización y gestión territorial: Contexto histórico

El proceso organizativo de las comunidades negras del Medio Atrato tiene como referente de origen la creación de la Reserva Forestal del Pacífico, mediante la Ley Segunda de 1959, que consideró baldíos los territorios ya ocupados por comunidades negras. Sin embargo, fue el impulso del Equipo Claretiano, lo que dinamizó el proceso a comienzos de los años 80 ante la ausencia del Estado y la aparición de las empresas Cartón de Colombia y Maderas del Darién “quienes empezaron hacer trochas e inventarios en los afluentes de los río Buey, Beté, Tanguí y Munguidó”. El problema de la explotación forestal se convierte en tema de discusión y análisis central de las reuniones de la organización campesina y se asume el compromiso de defender los bosques.  (Corporación Ecofondo, 2 de Noviembre, 2013)

De forma posterior y como resultado de la la Asamblea Nacional Constituyente, se establece en la Constitución Nacional a través del artículo transitorio 55, la creación de una comisión especial para formular una ley que “les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley […] establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.” 

Fruto del trabajo de la comisión se produce  la ley 70 de 1993, conocida como Ley de Comunidades negras, la cual constituye el marco normativo que permitió la titulación colectiva del territorio y el ejercicio del derecho propio. Así lo expresa COCOMACIA:

“Las comunidades rurales ubicadas en el andén del Pacifico Colombiano y en especial las del departamento del Chocó, tenían grandes dificultades que hacían que fuera casi imposible la adjudicación de manera individual del territorio que ellos  venían ocupando; la mayor parte del territorio del departamento hace parte de la Ley 2ª de 1959 o Reserva forestal del Pacifico; mediante la expedición de la Ley 70/93 o Ley de las Comunidades Negras se reconoce a dichas comunidades como grupo claramente definido, con identidad cultural y pensamiento propio y se delimita claramente las áreas en donde están asentadas” (UNION TEMPORAL ACADESAN, COCOMACIA, OREWA, ACABA, FUNDACIÓN DARIÉN, 2004, pág. 3)

Para que las comunidades rurales puedan acceder al reconocimiento del territorio que ancestralmente han venido ocupando, cada comunidad debe formar un consejo comunitario. “Una comunidad negra podrá constituirse en consejo comunitario que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de comunidades negras, de  acuerdo con los mandatos constitucionales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad” (COCOMACIA. Ecofondo., 2011, pág. 4).

En Noviembre de 1996 se capacitan líderes comunitarios para la realización de talleres en cada una de las comunidades y así recoger información para la titulación colectiva, la que se organizó por zonas. En los talleres se realizaron los procedimientos para conformar o ratificar los consejos comunitarios y juntas directivas en las diferentes comunidades. (Corporación Ecofondo, 2 de Noviembre, 2013)

“Durante los años 1997-1998, COCOMACIA desarrolla un proyecto para elaborar una propuesta metodológica con el fin de solicitar la titulación colectiva de 800.000 hectáreas en tierras de comunidades negras en su área de influencia[2](UNION TEMPORAL, et al, 2004, pág. 6).

En 1997 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA-, a través de la Resolución  Nº 04566 del 29 de Diciembre de 1997, otorga el título colectivo de “Tierras de las Comunidades Negras” a las comunidades organizadas en COCOMACIA, correspondientes a los terrenos baldíos ocupados colectivamente por ellas, localizados en la cuenca media del río Atrato, en jurisdicción de los municipios de Quibdó, Bojayá y Atrato en el departamento del Chocó; y en los municipios de Vigía del Fuerte, Urrao y Murindó en el departamento de Antioquia. La extensión del territorio titulado asciende a 695.245 ha., de las cuales 525.644 ha., corresponden al departamento del Chocó y 169.581 ha., al departamento de Antioquia.

A partir de allí COCOMACIA inicia un proceso de fortalecimiento organizativo en torno a la gestión territorial que involucra “lo productivo como estrategia de fortalecimiento organizativo desde experiencias concretas que aporten tanto a la seguridad alimentaria y generen sentidos y arraigo en las comunidades como cohesión alrededor de la organización como ente articulador y direccionador de los procesos locales.”  (UNION TEMPORAL, et al. 2004, pág. 8).

Es así como entre 1999 a 2000, es diseñado el Plan de Ordenamiento Territorial que incluyó como resultado el diagnóstico de las NBI de 120 comunidades del Medio Atrato. Entre 2000 a 2001  ejecuta el proyecto para  el “Mejoramiento del sistema tradicional de producción a partir de la implementación y validación de experiencias productivas comunitarias”. Entre 2004 a 2007 ejecuta el proyecto de la regional Chocó en el marco del proyecto  Ecofondo – ACDI denominado “Consolidación de procesos de gestión territorial, mejoramiento del sistema tradicional de producción y fortalecimiento organizativo con las comunidades negras, indígenas y mestizas del área de influencia de las organizaciones ACADESAN, COCOMACIA, OREWA, ACABA, FUNDACIÓN DARIÉN”. Entre 2008 a 2011 desarrolla el “Programa étnico territorial y ambiental de desarrollo propio y sostenible de COCOMACIA implementado y generando articulaciones, posicionamiento e incidencia en el desarrollo y bienestar de las comunidades del medio Atrato, Chocó y Antioquia”.

De acuerdo a lo reseñado, el proceso organizativo de las comunidades negras asociadas en COCOMACIA, desde una perspectiva histórica, se puede englobar en tres etapas cronológicas: La primera, de 1982 a 1993, corresponde al inicio del proceso organizativo en torno a la defensa de los recursos naturales; la segunda, de 1993 a 1997, la define la expedición de la ley 70 y comprende hasta la titulación del territorio colectivo; y la tercera, de1997 hasta 2013, relativa a la gestión del territorio colectivo.[3]

Historicidad de los reglamentos internos: Cronología comunitaria

A partir de testimonios de los líderes de COCOMACIA es posible identificar tres momentos, en torno al origen y desarrollo de los Reglamentos Internos como mecanismos de gestión territorial:

Primer Momento (1993- 1998): Origen de los Reglamentos

“[…] estábamos sumidos en la reserva forestal (Ley Segunda de 1959), había un total desconocimiento por parte del Estado sobre la ocupación del territorio en las riberas de los ríos. La comisión de Planeación Nacional y CODECHOCÓ fueron observando la cantidad de población que estaba asentada  a la orilla de los ríos. Eso sirvió para levantar la reserva forestal y dio la posibilidad de la titulación colectiva, porque se reconoció por parte del Estado la existencia de población en el  área. Una vez concedida las 800.000 ha, delimitadas con la imaginación, desde Bojayá hasta Munguidó, se empezó a pensar cómo manejar de forma conjunta el territorio, cómo vamos a manejar las ciénagas, los bosques, y empezamos desde allí a hacer unos pequeños perfiles de reglamentación, cuando llega el momento de la reglamentación de ley 70, allí empezamos el manejo territorial y el manejo social, y pudimos convencer al Estado que estábamos organizados para manejar el territorio” (Bejarano, Noviembre 2, 1993).

Empieza el trabajo en 1993 con el proceso y aprovechamiento de la madera, la pesca y la cacería, con las comunidades a través de las diferentes comisiones y los comités locales que existían. En las reuniones de recursos naturales, se empezó un trabajo comunidad por comunidad con los comisionados quienes animaban los comités locales. Los reglamentos no se escribieron por cada comunidad, sino que había unos reglamentos generales. Se empezaron a sistematizar los documentos en 1994, a través de una propuesta con Ecofondo donde se basaba en un documento que se elaboró desde 1994 a 1996. Se trabajaron cuatro módulos y uno de ellos era el de los reglamentos. Fueron aprobados en una asamblea de consejos comunitarios, en una reunión en San Antonio de Padua (1994)” (Rentería Palacios, Salas Lennis, Rivas Torres, & Rentería Ramírez, 2 de Noviembre, 2013).

Segundo Momento (1998): Comunidad por Comunidad

“Ya un segundo momento de los reglamentos internos es que ya [el trabajo] no se hizo por comisionados  sino comunidad por comunidad. A través del mandato del decreto 1745 de 1995, se plantea que adicional al reglamento general de la ACIA, cada consejo comunitario debe tener su propio reglamento para poder acceder a la titulación colectiva. De allí se empieza en cada consejo, en 1998, el trabajo de los reglamentos internos en cada uno de los consejos, en ese momento 120 consejos comunitarios, y se trabajaba en dos temas fundamentales: control territorial y control social. El control territorial  como control del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales, y el control social viene como el sostén de las relaciones y situaciones sociales y de orden público y desordenes de la comunidad” (Rentería Palacios, Salas Lennis, Rivas Torres, & Rentería Ramírez, 2 de Noviembre, 2013).

Tercer Momento: 1998 hasta la fecha.

 “En algunos momentos los reglamentos internos no se han aplicado por los intereses personales y comunitarios a nivel territorial, ahí hay un recorrido  que explican los compañeros.  Los intereses comunitarios se refieren, por ejemplo a que todos sabemos cuál es el límite de los consejos comunitarios pero cuando aparece algo interesante como una mina, pues los consejos tratan de pelear por los límites para que la mina quede en el territorio y lograr el aprovechamiento.” (Rentería Palacios, Salas Lennis, Rivas Torres, & Rentería Ramírez, 2 de Noviembre, 2013)

¿Qué es el Reglamento Interno General de COCOMACIA?

El reglamento interno se fundamenta, de una parte, en la Ley 70 de 1993 cuyo artículo 3° determina la existencia de los consejos comunitarios y en el decreto 1745 de 1995, cuyo artículo 6° numeral 12, faculta la elaboración de los reglamentos internos; y, de otra, en los estatutos de COCOMACIA y en el derecho propio de las comunidades. Es decir que el reglamento interno, como mecanismo de control territorial, es reconocido como derecho propio dentro del marco legal nacional.

El reglamento interno es el mecanismo para “regular el funcionamiento interno de COCOMACIA desde el punto de vista social, organizativo, disciplinario, administrativo, político y comunitario, para lograr la consolidación del proceso organizativo  y el logro de los objetivos generales y específicos. De igual manera se pretende establecer un régimen disciplinario que permita tomar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias a que haya lugar” y tiene como como objetivos:

  • Establecer los mecanismos de funcionamiento de las diferentes instancias de COCOMACIA que les permita consolidarse como autoridades dentro de su territorio.
  • Dinamizar la comunicación entre la Junta del Consejo Comunitario Mayor y los Consejos Comunitarios Locales que posibilite una relación fluida entre las dos instancias.
  • Establecer el régimen disciplinario que sirva como mecanismo expedito para el cumplimiento de las funciones de las personas que tienen cargos o responsabilidades dentro de COCOMACIA.
  • Fortalecer el proceso organizativo en general a través de la imposición de medidas correctivas y preventivas a las diferentes instancias de COCOMACIA.

El reglamento se rige por los principios de “objetividad”, “imparcialidad”, “celeridad”, “generalidad”, “debido proceso”, “independencia”,  “autonomía”, “economía”, “favorabilidad”, “no retroactividad” y “presunción de inocencia”.

Las instancias que tienen competencia en la aplicación del reglamento son la asamblea general, el comité disciplinario, la junta directiva, el representante legal, los encuentros zonales (asambleas de zonas), los comités zonales; así como la asamblea general, junta directiva y representante legal de los consejos comunitarios locales.

En 2004, COCOMACIA asociaba a 120 Consejos Comunitarios en 800.000 hectáreas y “partiendo de un objetivo claro hace casi 20 años decidió centrar sus esfuerzos en encontrar caminos para definir la territorialidad de las comunidades negras de la cuenca media del río Atrato” (UNION TEMPORAL ACADESAN, et al, 2004, pág. 8). Para definir la territorialidad COCOMACIA tuvo “que conceptualizar y explicitar normas consuetudinarias, construir reglamentos de uso y manejo de recursos naturales, hacerse visible ante la institucionalidad, para llegar a concertar un plan de manejo especial (1988) de 800.000 hectáreas con Planeación Nacional y Codechocó, entre otros, la titulación colectiva de 800.000 hectáreas bajo la ley 70/93, el ordenamiento territorial y ambiental del territorio titulados, el plan de etnodesarrollo” (UNION TEMPORAL ACADESAN, et al, 2004, pág. 8).

Surgen así los reglamentos internos que constituyen mecanismos jurídicos, originados en el derecho propio o consuetudinario, para ejercer control social y control en el uso y manejo de los recursos naturales y son aplicados a través de los Consejos Comunitarios Locales.

“La Ley 70 de 1993 contempla por primera vez en la historia del país la existencia de formas jurídicas propias de la tradición afrocolombiana, este reconocimiento es de fundamental importancia para el fortalecimiento de la autonomía y la defensa del territorio ancestral de las comunidades afrocolombianas.” Y otorga competencias a los Consejos Comunitarios para “delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas, velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos  naturales, escoger al representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica y hacer de amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación” (Ministerio de Interior y Justicia, Casa de Justicia de Quibdó, 2004).

De tal manera que los reglamentos internos constituyen mecanismos de control territorial con peso jurídico frente a la justicia ordinaria. Es así como los reglamentos internos hacen parte de un conjunto de normas propias que son utilizadas, en la región, por las organizaciones de comunidades negras e indígenas.

“Para las comunidades negras, el territorio representa nuestra vida entera: aunque el territorio es todo lo que podemos ver y palpar fácilmente; los ríos, las ciénagas, los bosques, la tierra para cultivar, los animales y los minerales, también incluye las cosas que no podemos tocar con las manos, pero sin las cuales estaríamos incompletos, manifestaciones culturales propias, tradiciones, costumbres, fuerzas sobrenaturales que rigen la naturaleza y formas de relacionarnos propias” (COCOMACIA. Ecofondo., 2011, pág. 3)

Además, el territorio “es el espacio físico en donde se posibilita ejercer los derechos de las personas, por esto el territorio se debe considerar un derecho; el Territorio es el que nos permite: trabajar, tener alimentos, recrear la cultura sin territorio es imposible que subsista la cultura”  (COCOMACIA. Ecofondo., 2011, pág. 3).

Y “Comunidades Negras es el conjunto de familias de ascendencia afro colombiana que posea una cultura  propia, comparten una historia  y tiene sus propias tradiciones y costumbres  dentro de la relación campo - poblado que revelan y  conservan conciencia e identidad que los distingue entre otros grupos étnicos” (COCOMACIA. Ecofondo., 2011, pág. 4).

Desde las aproximaciones señaladas de territorio para las comunidades negras, los líderes de la organización señalan que el reglamento interno es “la carta de navegación” de la organización o “la constitución” para las comunidades negras asociadas en COCOMACIA (Corporación Ecofondo, 2 de Noviembre, 2013).

¿Qué factores que inciden en la aplicación de los reglamentos internos?

Uno de los factores de mayor incidencia en la aplicación de los reglamentos internos tiene que ver con la presencia de actores armados, como señalan los siguientes testimonios:

“Se dificulta la aplicación por la situación de orden público, no se puede decir que no existe ningún actor que diga que no se aplique, sino que muchos de los líderes o de las comunidades por miedo acuden más a “ellos” que tienen las armas, que a las autoridades propias. Existen algunos líderes que por las situaciones de orden público o conflicto armado les toca desplazarse, y eso dificulta la aplicación del reglamento interno. Se desconoce la autoridad propia y está invalidando el reglamento interno. El grave problema que tenemos es que no podemos hacer el control social ni el control territorial. Aparece la presencia de los actores armados y allí no es lo que uno dice sino lo que ellos ordenan en el manejo territorial. Aquí éramos pacíficos, pero ahora en el Atrato la gente anda con mucho miedo y darle gracias a Dios por la organización que tenemos”.

“Yo quiero complementar un poco, lo que pasa es que en el Atrato desde hace muchos años, existió en su momento un actor armado como en el caso de la guerrilla y en ese tiempo ellos utilizaron como un proceso de conquista a las comunidades, existiendo ese actor armado la gente en algún momento como que no veía esa amenaza así latente,  posteriormente cuando ya se viene la avalancha del otro actor armado entonces es allí cuando se mira la confrontación de dos actores armados, pues obviamente la comunidad no tiene ninguna táctica militar, es la que queda en medio del fuego cruzado y allí es donde se inestabilizan las diferentes comunidades también. Ahora bien, en el gobierno del ex presidente Uribe que en su afán de derrotar a la guerrilla, crea una red de informantes en las diferentes comunidades, entonces sabemos que si hay un actor y se crea una red de informantes que se evidenciaba y obedecía a los paramilitares se genera esa desconfianza, ese temor, esa zozobra, esa situación difícil en las comunidades y obviamente eso conlleva a asesinatos, a desplazamientos, a mucha situación, porque el informante en ultimas trataba de exponer algunas conductas en la comunidad, la vida acá no ha sido una situación fácil sino que ha sido de lucha constante”.

Además se identifican otros factores asociados al funcionamiento y efectividad de los consejos comunitarios locales, así como de los comités zonales, como autoridades encargadas de la aplicación de los reglamentos internos.

“El comité zonal hace recorridos para saber que está pasando y se hacen consejos de cada zona y allí los representantes de las comunidades deben llevar un informe a la reunión de la asamblea zonal. Y ese contenido es lo que se discute entre líderes para llevar las propuestas a la asamblea. Del reglamento general derivan los reglamentos locales. La asamblea faculta a la junta directiva para crear una comisión a nivel territorial. Cuando la conducta no está [incluida], toca hablar y colocarla en el reglamento interno.

De tal manera que pesa como dificultad los costos para la movilización de las autoridades locales a través de las distintas zonas del territorio, tanto para fomentar como para identificar el estado de aplicación de los reglamentos internos. Pues en palabras de los líderes “si un comité zonal se crea y no se le da capacidad para la gestión, es letra muerta”.

¿Qué es necesario actualizar en los reglamentos internos?

En el conversatorio realizado, un día posterior al desarrollo del Foro Regional, se abordó la discusión en torno a la pertinencia de los reglamentos internos y las situaciones que consideran necesarias incluir en los reglamentos. En este sentido los participantes señalaron que con los reglamentos pasa algo similar con lo “que pasó con la constitución del 86, que no respondía a los requerimientos de las situaciones nuevas”, “como el mundo va evolucionando, los reglamentos deben ir evolucionando”.

Casos como el de los límites, es uno de los aspectos a revisar, expresado por una líder así: “yo tengo mis bosques y no existen linderos definidos, no hay delimitación entre parcelas y bosques comunitarios.” 

De igual manera preocupa el tema de la minería:

 “Otra dificultad tiene que ver con la minería, antes se hacía con motobomba y ahora con retroexcavadoras y no se tenía el riesgo de las multinacionales. Se requiere incorporar este tema en los reglamentos internos. En este aspecto se lleva una propuesta a la Asamblea [hace referencia a la Asamblea General que se lleva a cabo en de diciembre de 2013]. Según las necesidades se elaboraron propuestas de diferentes zonas, se escoge un grupo de líderes para que discutan la propuesta. Los reglamentos son la ley, COCOMACIA tiene una propuesta  de declaratoria de “zona minera de comunidades negras”. Se podrían hacer alianzas con multinacionales. El Ministerio de Minas está haciendo estudios al respecto, con base en la Ley 70”  (Bejarano, Notas Reunión Post Foro Nacional, 3 de Diciembre, 2013).

El mismo tema fue tratado en el Foro Conversatorio realizado en Quibdó donde señalaban que:

“la situación de la minería se agudizó, cuando se discutió lo de la minería, estábamos con la minería tradicional y no existían las maquinas que hay ahora y se legisló a ese nivel y ahora hay que legislar a nivel de retroexcavadoras y la política minera que viene. En todos los niveles toca hacer ese trabajo. El comité zonal hace recorridos para saber que está pasando y se hacen consejos de cada zona y allí los representantes de las comunidades deben llevar un informe a la reunión de la asamblea zonal. Y ese contenido es lo que se discute entre líderes para llevar las propuestas a la asamblea. Del reglamento general derivan los reglamentos locales. La asamblea faculta a la junta directiva para crear una comisión como a nivel territorial. Cuando la conducta no está, toca hablar y colocarla en el reglamento interno.” (Rentería Palacios, Salas Lennis, Rivas Torres, & Rentería Ramírez, 2 de Noviembre, 2013).

Retos para COCOMACIA

Con la titularidad del territorio y la implementación de los reglamentos internos de manera formal se podría entender el proceso de la COCOMACIA como un ejercicio de gestión territorial desde el derecho propio en un contexto cultural determinado, cuyos pobladores perciben el territorio de una manera particular a la habitual por la sociedad colombiana. Donde existe un tejido social comunitario que ha permitido el avance del proceso organizativo y los logros significativos obtenidos.

Pero de igual manera, en el territorio colectivo de COCOMACIA se configura un territorio de una comunidad étnica que convive con los problemas colombianos extendidos a lo ancho y largo del país, como la pobreza, la violencia y  la inequidad en un marco desarrollista que prioriza el aprovechamiento del patrimonio natural como fuente de recursos para la gestión pública.

La gestión territorial que COCOMACIA ha realizado en el territorio ha dependido en gran parte de la cooperación internacional, ahora, ante el escenario promovido por los últimos gobiernos de acuñar el término de país de ingresos medios y el “buen desempeño de la economía nacional”, acompañado también de los cambios en las prioridades de la cooperación; las organizaciones no gubernamentales están abocadas a repensarse en su qué hacer. En este marco COCOMACIA también requiere de una revisión de su modelo de gestión para ponerse a tono con las nuevas condiciones.

Sin embargo, mientras no se construyan estrategias endógenas para compensar las inequidades y exclusiones provocadas por el modelo desarrollista, fundamentado en la exportación de “comodities”, los marcos regulatorios internacionales constituyen las fuentes de recursos económicos, para la gestión territorial de las organizaciones comunitarias.

 

BIBLIOGRAFÍA

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[1] Autora: Magdalena Castellanos Sierra, Coordinadora Proyectos Apropiación Social del Conocimiento, Corporación Ecofondo. Bogotá, D.C., 2013.

[2] Proyecto cofinanciado por el Banco Mundial en convenio con el Ministerio del Medio Ambiente.

[3] La cronología detallada se encuentra en Castellanos S, M. (compiladora). 2014. Documento de Sistematización de Experiencias. Corporación Ecofondo, Asociación Cultural Soñando Caminos, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, COCOMACIA.

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