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Proyecto Nacional ACDI/ECOFONDO

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GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA PARA LA PAZ

Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS REGIONES COLOMBIANAS

ECOFONDO y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) suscribieron, el 13 de Marzo de 2004, un Acuerdo de contribución para la ejecución del proyecto nacional "Gestión ambiental participativa como aporte a la paz y el desarrollo humano sostenible en las regiones colombianas".

El proyecto respondía a la problemática generada por el fenómeno de los cultivos de uso ilícito que desarticula las economías: campesinas y de grupos étnicos, distorsiona la dinámica social y cultural, agrava los niveles de inseguridad alimentaria de la población y genera significativos impactos ambientales.  La vinculación de la población al sistema productivo ilícito, obedece  a una situación estructural de marginalidad y pobreza de las comunidades, reflejada en sus bajos ingresos, la baja productividad de sus sistemas productivos, el desempleo, el alto índice de necesidades básicas insatisfechas; que  comparada  a la oferta de ingresos significativamente superiores a los obtenidos legalmente, se  constituía en una propuesta atractiva para que la población se vinculara a este sistema productivo ilícito.  Es así, como el proyecto tenía como propósito convertirse en una alternativa de vida para  estas comunidades a través del fortalecimiento del tejido social y su permanencia y control territorial,  el logro de la seguridad soberanía y autonomía alimentaria  y el mejoramiento ambiental.

Resultado Final.   Propuestas ambientales alternativas establecidas y consolidadas por comunidades campesinas y étnicas en 10 regiones colombianas afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito, para el fortalecimiento de proceso de seguridad y soberanía alimentaria, control social del territorio e incidencia en políticas públicas, mediante estrategias de conservación ambiental, producción agroecológica y fortalecimiento organizativo.

El Proyecto estuvo conformado por 10 subproyectos regionales, ubicados en 10,  de las llamadas entonces, Unidades Regionales (Amazonia, Centro y Sur del Cauca-Nariño Piedemonte Putumayo, Chicamocha,  Chocó, Magdalena Grande, Nororiental, Orinoquía,  Sabana Grande y el Caribe, Tolima /Huila, Valle/Norte del Cauca.  

Organizaciones Ejecutoras y población beneficiaria. El proyecto fue planificado y se llevó a cabo por 56 organizaciones comunitarias para el beneficio directo de 1.360 familias, constituidas por  7.983 personas de las cuales 50% mujeres adultas, jóvenes y niñas y  50% hombres adultos, jóvenes y niños. Además, benefició indirectamente a 23.169 personas, como parte del proceso adelantado conjuntamente por ECOFONDO y las 49 organizaciones coejecutoras del proyecto y la participación adicional de 101 organizaciones locales y regionales.

En su ejecución  participaron 150 comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas  con incidencia en 17 departamentos y 49 municipios. La población beneficiaria del proyecto estuvo compuesta por comunidades campesinas y étnicas:afrodescendientes e indígenas; estas últimas de las etnias Embera, Nonuya, Cocama, Tikuna, Yagua,Zenú, Cofán, Nasa, Murui, Muinane; todas ellas asociadas en 101 organizaciones que el proyecto ayudó a fortalecer en aspectos programáticos y operacionales: 5 organizaciones de mujeres, 4 organizaciones campesinas, 42 Juntas de Acción Comunal, 20 organizaciones de productores, 17 organizaciones comunitarias, 3 organizaciones étnicas, 4 Empresas Asociativas de Trabajo y 6 ONGs.

Duración: Marzo 13 de 2004 – Mayo 31 de 2010.

Logros cualitativos.

  • La ejecución de los 10 subproyectos regionales y su consolidación en  el proyecto nacional permitió construir y validar una propuesta alternativa ambiental y económica para cada zona de intervención particular de acuerdo a las características ecosistémicas y culturales.  

  • Las comunidades participantes reconocieron y validaron la propuesta agroecológica, manifestando que fortaleció los lazos comunitarios, se constituyó en un aliciente concreto para permanecer en sus predios y comunidades,  de modo que efectivamente el desplazamiento hacia zonas de cultivo de uso  ilícito disminuyó,  pues su calidad de vida mejoró sustancialmente, sus predios tienen mejor calidad ambiental, sus relaciones humanas son mas cordiales, los niños y las niñas están mejor nutridos y tienen mayores oportunidades de que sus necesidades básicas puedan ser satisfechas por sus padres.

  • Es evidente la contribución al equilibrio de los roles  entre hombres y mujeres, fortaleciendo el papel de la mujer  en la toma de decisiones.  Adicionalmente, disminuyeron los niveles de violencia intrafamiliar, específicamente en cuanto a prácticas  de desconocimiento, subvaloración, subordinación y relegación  de las mujeres en relación con los procesos  productivos y los beneficios e ingresos  derivados de los mismos.

  • Los hombres aprendieron  a compartir las tareas que antes eran exclusivamente de las mujeres, se generaron nuevos espacios de participación comunitaria y nuevas formas  organizativas al fortalecimiento social y comunitario de la población.  Las mujeres se capacitaron en cuanto a derechos así como en aspectos productivos y de conservación.  Esto permitió elevar la autoestima y autovaloración  al igual que fomentó un sentido de pertenencia y la autogestión para la construcción colectiva de propuestas alternativas viables  para solución de problemas que afectan a toda la comunidad  y solventar de alguna manera  las necesidades básicas presentadas a nivel familiar.

  • En los jóvenes se logró estimular la autovaloración y elevar la autoestima y condujo a su reconocimiento social como actores válidos para el progreso de la comunidad, convirtiéndose en  actores fundamentales en el cambio.

  • Sin ser un objetivo del proyecto, en la práctica se asumió el reto de dar acompañamiento psicológico de niños y niñas de las zonas intervenidas, quienes luego de un proceso de desmovilización de los grupos al margen de la ley, empezaron a dar muestras de problemas emocionales propios de la situación post-traumática vivida. Se lograron así avances significativos en la estabilización emocional y en cierto sentido a su capacidad de soñar libremente sin el fantasma del conflicto armado.

  • La concientización de las comunidades  sobre los efectos de violencia generada por la siembra de los cultivos de uso ilícito, mediante la cohesión comunitaria alrededor de procesos de conservación ambiental, agroecológicos y de fortalecimiento organizacional, que,  comparados con las actividades de los cultivos de uso ilícito, no generan riesgo, ni exclusión social.

  • La influencia del proyecto de ver que se garantizaba la seguridad alimentaria  y que las personas  podían salir a cualquier sitio sin temor,  contribuyó a que éstas motivaran a otras comunidades a que no siguieran  con los cultivos de uso ilícito, insistiéndoles en la seguridad de sus vidas y la de sus hijos.

  • El proceso de incidir en la niñez y juventud se trabajó en procesos formativos con instituciones educativas,  promoviendo la ejecución de proyectos ambientales.

  • Se tienen resultados muy importantes con respecto a la valoración del conocimiento tradicional y los conocimientos construidos comunitariamente como herramienta principal para que se dé  la anhelada sostenibilidad en el tiempo y se elimine de paso la asistencia técnica (convencional) donde no se tiene en cuenta lo que el agricultor sabe,   y se permite tener una visión compartida; donde no se imponen los criterios, se comparten;  no se dirige, se acompaña; no se enseña, se exploran y comunican conocimientos locales  y técnicos  que conlleven siempre al convencimiento de hacer las cosas bien generando un mayor sentido de apropiación, autoestima y arraigo del territorio. 

  • El incremento de ingresos  le permitió  a las familias acceder  con mayor facilidad  a bienes y servicios a los que antes no accedían o lo hacían con grandes dificultades.  Así es evidente la mejora en la calidad de vida  lo que genera mayores niveles de satisfacción vital.

  • La  estrategia de gestión ambiental participativa generó concientización de las comunidades, de tal manera, que fueron evidentes los cambios de percepción y prácticas  en cuanto a la relación suelo-agua-bosques. Nacen entonces niveles de apropiación  por parte de las familias, lo cual garantizó y garantizará la eficiencia y mantenimiento de los modelos productivos implementados, que a su vez se convierte en la mejor estrategia de mitigación  de desplazamiento periódico de la población hacia zonas de uso de cultivos ilícitos, lográndose un posicionamiento  de la comunidad ante entidades estatales y grupos armados  al margen de la ley.

  • En las estrategias de comercialización a nivel local cada  finca se convirtió en un punto verde, en donde las familias participantes comercializan sus excedentes, así  las fincas se convirtieron en escenarios de interlocución entre compradores y vendedores en donde cada comprador observa los diferentes sistemas de producción  establecidos en la finca y así se generan espacios de reflexión  y sensibilización  sobre la situación que está provocando la migración de mano de obra hacia las zonas de cultivos de uso ilícito.

  • Como elemento fundamental dentro de un esquema de desarrollo sostenible y pilar de la economía solidaria, se entregó a la comunidad la responsabilidad de trabajar con sus propios recursos de manera responsable, reinvirtiendo las ganancias para su propio desarrollo, logrando mayor eficiencia en la ejecución de los recursos, llegando a mas usuarios sin discriminación y con muy bajos costos de funcionamiento.

  • Se generaron procesos  de resistencia a vender los terrenos.

  • Las comunidades  aprendieron que para trabajar la tierra no necesitan grandes cantidades de dinero, ya que la finca proporciona buena parte de los insumos que se necesitan, adicionalmente se concientizaron de que si emplean productos químicos en los cultivos, no solo están acabando con el suelo, contaminando el agua,  sino que terminan envenenándose ellos mismos y a las personas que consumen los que ellos producen.

  • Se logra cambiar la práctica de vender lo mejor que se produce en la finca y dejar para consumo familiar lo que queda.  Así se logran mejorar los niveles de nutrición.

  • Concientizacion  y cambio de actitud por parte de las familias  de la importancia de la diversidad de especies nativas existentes en las zonas en donde se trabajó y de la necesidad de adelantar trabajos de reforestación  con especies nativas; para buscar su conservación y de los nacimientos de agua.

  • Las estrategias de conservación  articuladas  a los procesos agroecológicos contribuyeron  a establecer sinergias entre calidad ambiental y desarrollo local, concretando procesos de desarrollo sostenible con incidencia en entidades públicas locales y centros académicos.

  • El establecimiento de acuerdos comunitarios, involucrando a las familias, instituciones educativas y entidades del estado.  Se declararon zonas de conservación  estricta  y zonas  de conservación  con usos reglamentados  en el marco de la defensa del agua como un derecho fundamental de la vida.

  • Las familias se comprometieron a reducir progresivamente la caza de aves.   Son los niños y las niñas los promotores de la conservación de la fauna.

  • El fortalecimiento organizativo y políticas públicas  se desarrolló  mediante el acompañamiento permanente y la capacitación a las organizaciones locales con un significativo despliegue de relaciones interinstitucionales, lo que condujo a lograr importantes apoyos económicos  e institucionales para la ampliación de los procesos adelantados.

  • El afianzamiento de relaciones interinstitucionales  con las autoridades ambientales al igual que con los centros académicos, permitió influir  en algunas acciones y decisiones de estas entidades en relación con el manejo  y conservación  de flora y fauna  silvestre  he inclusive han adoptado las metodologías aplicadas por el proyecto para estudios de investigación.

  • Se lograron importantes convenios interinstitucionales de producción limpia  y para la plataforma política de soberanía alimentaria, que contribuirá, como es evidente, a la sostenibilidad de los procesos implementados.

  • Con los diversos instrumentos de planificación participativa, se logra el aprovechamiento y fortalecimiento de las capacidades locales de las familias y dotar a las organizaciones locales de instrumentos concretos de proposición y concertación de políticas públicas que integra la dimensión ambiental, pues su construcción  participativa implicó que las comunidades tuvieran sentido de pertenencia sobre todo lo acordado.

 

Logros en cifras.  

Componente agroecológico.

  • Se intervinieron 2.525,69 hectáreas  para el establecimiento de diferentes modelos de sistemas de producción, con enfoque agroecológico y étnico y con especificidades acordes a las particularidades naturales y culturales de cada una de las regiones. 

  • Los modelos productivos implementados, previa planificación de cada uno de los predios intervenidos, generaron niveles óptimos de apropiación por parte de cada una de las familias y garantizó su eficiencia y mantenimiento, aún después de concluidas formalmente las acciones de los subproyectos regionales y se constituyeron en estrategias que mitigaron el desplazamiento periódico de la población hacia la zona de cultivos de uso ilícito, e incidieron en la integración familiar y en el posicionamiento de las familias ante entidades estatales y grupos armados ilegales. Así mismo, dicha implementación se sustentó en la apropiación y aplicación de principios, prácticas y tecnologías ancestrales y agroecológicas en las parcelas, fincas y territorios colectivos étnicos, lo cual contribuyó a que se reactivara la producción alimentaria en áreas que, antes del proyecto, eran destinadas a la producción de coca y reforzó una relación armónica entre Gente↔Suelo↔Agua↔ Bosque

  • Se obtuvo una producción de 572 toneladas de productos pecuarios. 

  • Del proyecto se deriva la protección directa de  fuentes de agua, con actividades de aislamiento y reforestación  de manera articulada con el manejo eficiente del agua. El Proyecto Nacional ECOFONDO-ACDI puso en funcionamiento 563 sistemas de manejo de agua para riego y consumo doméstico, que beneficiaron a un total de 771 familias

  • De la ejecución de los 10 proyectos regionales se obtuvo una producción muy significativa de 7.686,37 toneladas de productos agrícolas que correspondieron a: 4.207,1 toneladas de tubérculos; 1.109,5 toneladas de frutales; 1.037,1 toneladas de musáceas; 490,8 toneladas de cereales; 314,2 toneladas de hortalizas;  313,2 toneladas de leguminosas; 115,6 toneladas de caña; 83 toneladas de café y 16 toneladas de plantas aromáticas y medicinales. 

  • Las organizaciones ajustaron sus estructuras o constituyeron formas organizativas apropiadas para asumir  los procesos de transformación y comercialización; de tal modo que sin perder su naturaleza, cada organización pudiera beneficiar a sus integrantes por la posibilidad de generación de nuevos ingresos económicos obtenidos de la venta de sus productos en fresco o transformados.  Gracias a estas estructuras  y la utilización de  diversos mecanismos de comercialización: Puntos Verdes, mercados campesinos locales y regionales, ferias agroecológicas, ventas en los mismos predios; se lograron los siguientes resultados.

  • Las 49 organizaciones ejecutoras de los proyectos regionales y las 101 organizaciones locales beneficiarias de los mismos, en conjunto con ECOFONDO, trabajaron en la articulación, fortalecimiento y proyección de procesos organizativos locales, regionales y nacionales, de carácter ambiental, interétnico e intercultural, hacia la construcción y concertación de propuestas organizativas de acompañamiento a procesos productivos. 

Componente Conservación

  • Los trabajos de restauración ecosistémica cubrieron 510,97 hectáreas de bosque húmedo y subhúmedo, bosque seco y bosque de niebla, mediante reforestaciones con especies nativas, con valor de uso alimenticio, artesanal y comercial y de aislamiento para propiciar la revegetalización natural. De este modo, se preservó y se propició habitat para fauna silvestre, y se recuperaron recursos hídricos en el ámbito de influencia de ecorregiones estratégicas como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Macizo Colombiano, la Laguna de la Cocha, complejos cenagosos del Caribe, cuencas del Chocó Biogeográfico y en la Amazonia Colombiana.  Se plantaron para ello 123.608 árboles en 1.134 predios y se definieron  y establecieron 40.643,70 hectáreas como áreas de conservación

  • De las investigaciones realizadas derivaron planes de manejo de especies de flora y fauna con vulnerabilidades locales  y/o declaradas en riesgo nacional, incluyendo una estrategia de manejo responsable de recursos marinos por parte de pescadores artesanales, esto  condujo al incremento de la presencia de aves y mamíferos en los predios y zonas adyacentes, y al cuidado de fuentes de agua.

  • Se estructuró y se puso en marcha un SIG Regional para el Chocó, así se llevó a cabo la georreferenciación de las parcelas establecidas por el proyecto y se capacitó a líderes comunitarios en el manejo de GPS y otras herramientas propias de dicho sistema. A COCOMACIA, Consejo Comunitario Mayor de las Comunidades Negras del Medio Atrato, este proceso le sirvió para el ajuste de la cartografía de su territorio. Además, se revisaron y ajustaron 37 Reglamentos internos para igual número de consejos comunitarios locales de comunidades negras del Baudó, los cuales incluyen normas comunitarias para el uso del territorio y los recursos naturales. 

Componente Fortalizacimiento Organizativo y Política Pública.

  • Cuatro resguardos de la Amazonía  formularon sus planes de vida y procesos de recuperación de conocimiento y se inició la elaboración del pan de vida de los pueblos Nonuya y Muinane, en el medio Caquetá.  

  • Adicionalmente, se elaboraron 10 propuestas regionales de políticas públicas, 1 por cada Proyecto Regional, las cuales plantean lineamientos, estrategias y acciones en cuanto a Agroecología y conservación de la biodiversidad, procesos organizativos de la sociedad civil y acciones alternativas frente a los cultivos de uso ilícito. Y una propuesta similar, de carácter nacional.

  • Se logró fortalecer la capacidad de propuesta e interlocución de las organizaciones participantes, a través de la elaboración de agendas colectivas regionales y propuestas de políticas públicas, como instrumentos para el establecimiento de procesos de concertación con autoridades ambientales, entidades territoriales y sector privado en las zonas de intervención de los proyectos regionales.  Adicionalmente la articulación a otros procesos regionales promovidos en el ámbito de ECOFONDO, como la Campaña en defensa del agua como un derecho humano fundamental,  condujo a la iniciativa  ciudadana de un referendo constitucional en ese sentido.

  • Frente al desplazamiento forzado que generan fumigaciones aéreas realizadas por el gobierno en el marco del Plan Colombia, los cabildos indígenas promulgaron mandatos claros sobre la necesidad de erradicar manualmente y sustituir cultivos de uso ilícito por sistemas productivos tradicionales Nasa Tull.  

  • Los subproyectos regionales lograron incidir en los planes de gestión de corporaciones autónomas regionales y alcaldías, así como en los enfoques académicos y prácticas profesionales de instituciones educativas de nivel superior; entidades de todas las cuales recibieron apoyos económicos y técnicos de diverso orden, a través de acuerdos y convenios suscritos para el efecto.

  • La población beneficiaria fue vinculada  a diversos procesos de reflexión y acción  en torno a los derechos humanos. Se trabajó en la identificación y reconocimiento de los hechos de violación de los derechos humanos en la región del Catatumbo, que generaron desplazamiento forzado y ruptura del tejido social, entre muchas otras afectaciones, para evaluar los avances del proceso organizativo y lo que se puede alcanzar con éste.  En este sentido se buscó la articulación del Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA,  a luchas nacionales, en escenarios como un Encuentro de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, lo que permitió la articulación de los líderes locales a organizaciones y procesos  de otras partes del país.  Otro escenario fue la Audiencia Nacional Petrolera, que permitió a las organizaciones locales avanzar en su formación para entender las decisiones que se toman en instancias nacionales para permitir la explotación  de recursos estratégicos en el Catatumbo. Todo lo anterior  coadyuvó en la cualificación  para la definición colectiva y consensuada de la posición de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal sobre la defensa del territorio como elementos constitutivos de una plataforma de lucha pacífica y autónoma por sus derechos.

Los resultados por cada subproyecto se presentan en las siguientes cartillas 

Organizaciones Miembro: